El gobierno de Trump vinculará la financiación con la aplicación de la inmigración, lo que provocará una demanda conjunta de 20 estados.

20 estados, liderados por demócratas, presentaron dos demandas el martes en un intento por evitar que la administración Trump obligue a los estados a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración o retener miles de millones de dólares en subvenciones especiales para transporte, contraterrorismo y preparación para emergencias. En una demanda presentada en un tribunal federal en Rhode Island, los estados alegan que el Departamento de Transporte de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional están utilizando ilegalmente fondos federales para obligar a los estados a cumplir con las políticas de inmigración de línea dura de Trump. El fiscal general demócrata de California, Rob Bonta, quien encabezó la demanda, denunció la "flagrante ilegalidad" de Trump al amenazar a los estados con eliminar los fondos federales para mejoras viales y preparación para emergencias si no se utilizan recursos locales para apoyar la aplicación de la ley de inmigración. "Está usando este dinero, que no tiene nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración, sino que se trata de la seguridad de la comunidad, como moneda de cambio política", dijo Bonta en un comunicado. Los estados han acusado al gobierno federal de usurpar inconstitucionalmente la autoridad de gasto del Congreso al imponer condiciones de aplicación de la ley de inmigración sobre el financiamiento.